Poder, vida y territorio: la coca en Colombia

Una modesta intervención sobre la transformación de los territorios de la coca en Colombia.

por Isabel Naranjo

1.

El triunfo revolucionario en la isla de Cuba, ocurrido en los últimos días de 1958, marcó un punto de inflexión en las relaciones de Estados Unidos con los países latinoamericanos. Se trata de un hecho ampliamente conocido, dado que los acontecimientos que enmarcaron este período de la Guerra Fría tuvieron una fuerte repercusión mediática y han sido evocados y estudiados por numerosos especialistas de las Ciencias Sociales. La invasión de Bahía de Cochinos, planeada por la CIA durante el último año de la administración de Eisenhower y autorizada por el presidente Kennedy en los primeros meses de su gobierno, acercó de manera definitiva a los dirigentes revolucionarios a Moscú. La derrota sufrida por los Estados Unidos contribuyó a consolidar una alianza defensiva entre la Unión Soviética y Cuba ante la posible tentativa de resarcimiento mediante una invasión a gran escala.

En términos regionales, el aislamiento impuesto a Cuba ratificaba dicha alianza con los soviéticos y obligaba a una reorientación de los vínculos con sus vecinos latinoamericanos. El naciente Estado Socialista fue expulsado de la Organización de Estados Americanos por 14 votos a favor y seis abstenciones, de Brasil, Argentina, México, Chile, Bolivia y Ecuador, con el argumento de que en Cuba se había adoptado un régimen marxista-leninista, incompatible con el sistema interamericano. El hecho se consuma cinco meses después de que Ernesto “Che” Guevara, en su intervención en la quinta sesión plenaria del Consejo Interamericano Económico y Social en Punta del Este, criticara duramente el chantaje que subyacía a la puesta en marcha de la “Alianza para el progreso” “vehículo destinado a separar al pueblo de Cuba de los otros pueblos de América Latina, a esterilizar el ejemplo de la Revolución cubana, y, después, a domesticar a los otros pueblos de acuerdo con las indicaciones del imperialismo”. 

El cerco sanitario instalado en torno a la isla, con la firme intención de desarticular la influencia comunista en el continente, tuvo a Colombia como un fiel aliado. El país lideró las iniciativas de condena a la Revolución Cubana y de marginación del régimen castrista, una actitud que le valió prioridad en la asignación de créditos destinados a hacer posible la aplicación de un plan de reformas estructurales orientadas al crecimiento económico, al aumento de los niveles de vida y al fortalecimiento de los principios democráticos. Los planes de desarrollo y los programas de reforma serían diseñados bajo la supervisión de expertos estadounidenses y sometidos a la consideración de la misión de la Agency for International Development (AID) en cada país, que establecía su viabilidad y concordancia con los planes nacionales de desarrollo. Posteriormente, los comités encargados de la ayuda financiera y monetaria en Washington aprobaban los acuerdos para el otorgamiento de los préstamos. A su vez, se creó un panel de nueve expertos, denominado los “Hombres Sabios”, que tendría a su cargo examinar los planes nacionales de desarrollo propuestos por los Estados y formular recomendaciones a las agencias encargadas de los desembolsos.

Bajo la conducción del líder liberal Alberto Lleras Camargo, durante el primer gobierno del Frente Nacional —pacto entre los partidos Liberal y Conservador fraguado ante la imperiosa necesidad de poner fin a La Violencia partidista, que había dejado un elevado número de muertes y desplazamientos forzados—, Colombia se convirtió en un modelo ejemplar de la implementación de la Alianza para el Progreso en la región. El país recibió 885 millones de dólares, equivalentes al 12% del total de los recursos destinados por el programa a América Latina. 

El orden social deseado sólo podría alcanzarse mediante el compromiso con la justicia, la búsqueda del bienestar y un proceso de cambio controlado por la clase dirigente colombiana. En este marco, la reforma agraria pretendía garantizar la distribución de tierras como punto de partida para la redención de la población rural y se apoyaba en iniciativas precedentes, como el Programa de Rehabilitación, que desde 1958 había impulsado la colonización estatal de las tierras bajas tropicales. Este experimento nacional se erigió sobre la denominada migración “directa”, que contemplaba la asignación de tierras, créditos y la construcción de carreteras destinadas a facilitar el asentamiento de las víctimas de La Violencia. El establecimiento de familias de colonos oriundas de parajes andinos estuvo aparejado a la campaña contrainsurgente orientada a eliminar los últimos enclaves rurales de autodefensa campesina, percibidos como una amenaza para la estabilidad que demandaban los planes de modernización económica. De esta manera, los problemas estructurales relacionados con la propiedad de la tierra y el despojo sistemático que padecían las comunidades campesinas del país se entretejieron con las tensiones propias de la Guerra Fría. Este proceso agravó la espiral de violencia y propició las condiciones para la presión sobre la frontera amazónica y la expansión de los cultivos ilícitos en estos territorios a partir de la década de 1970.

Los problemas estructurales relacionados con la propiedad de la tierra y el despojo sistemático que padecían las comunidades campesinas del país se entretejieron con las tensiones propias de la Guerra Fría. Este proceso propició la expansión de los cultivos ilícitos en estos territorios a partir de la década de 1970.

2.

El hecho de que la cadena montañosa de los Andes se trifurque al atravesar la frontera entre Ecuador y Colombia resulta fundamental para comprender la configuración del territorio colombiano, así como las diferenciaciones que históricamente han dado forma a las maneras de interpretar y significar el espacio nacional. La idea de un “país de regiones” ha estado en la base de los relatos fundacionales de la nación y ha contribuido a justificar la caracterización de las tierras bajas de la costa Caribe, el Pacífico y la Amazonía como territorios salvajes, en oposición a los paisajes templados de los Andes. Al reflexionar sobre la configuración del espacio nacional concebida por las élites políticas e intelectuales durante las últimas décadas del siglo XIX en Colombia, el antropólogo Santiago Galvis destaca la existencia de tres órbitas delimitadas por patrones de civilización y progreso, que se expresan en las aptitudes físicas y morales atribuidas a sus habitantes. En este sentido, los denominados espacios civilizados eran aquellos que, poblados por personas virtuosas y dignas de ejercer la ciudadanía, seguían el ritmo impuesto por la modernidad y constituían geografías propicias para el desarrollo económico, tecnológico y cultural de la nación. Por el contrario, los espacios incultos albergaban seres considerados salvajes, sin cultura y sometidos a las inclemencias de climas húmedos e insalubres, en ausencia de toda moral y orden político. Más allá de estas dos dimensiones, los espacios en tensión oscilaban entre la civilización y la barbarie, entre la naturaleza y la cultura. Se trataba de geografías susceptibles de ser domesticadas, aunque conservaban cierto arraigo atávico que impedía su completa integración en el horizonte de la modernidad.

Una vez definidos de este modo los contornos del territorio nacional y, evidentemente, de acuerdo con esta concepción, es posible esbozar las características del ciudadano colombiano tal como fueron concebidas por la literatura científica de la época. Fruto de los parámetros racistas propios de la ideología de las élites nacionales, el hombre civilizado aparece rebosante de salud y vitalidad, dotado de la fuerza necesaria para hacer frente al dominio de la naturaleza que lo rodea. De piel blanca, por supuesto, y exento de aquellos vicios que pudieran acercarlo a la barbarie y la indolencia atribuidas a indígenas y negros, el ciudadano modelo se consagra como cumplidor de la ley y celoso guardián de la moralidad y las normas higiénicas. Guapo, fuerte y aguerrido, es presentado como responsable de los destinos de la nación colombiana. En abierta oposición a este ideal y condenados al atraso impuesto por las fuerzas de la naturaleza a las que, según estas concepciones, se encontraban sometidos, aparecían los indígenas, los negros y sus descendientes. Ajenos a la acción redentora de la civilización, estos seres, representados como salvajes, desafiaban la moralidad y el orden social al que aspiraba la nación. La racionalidad, la religión y la industria continuaban siendo, desde esta perspectiva, desconocidas para estos habitantes primitivos, condenados a perpetuar la infancia de la humanidad.

El hecho de que la cadena montañosa de los Andes se trifurque al atravesar la frontera entre Ecuador y Colombia resulta fundamental para comprender la configuración del territorio colombiano, así como las diferenciaciones que históricamente han dado forma a las maneras de interpretar y significar el espacio nacional.

3.

La convergencia de los ecosistemas de las montañas andinas con las tierras bajas por las que discurren los distintos afluentes del gran río Amazonas configura una amplia franja de los trópicos sudamericanos, particularmente rica en biodiversidad y favorable al florecimiento del Erythroxylum coca, arbusto nativo de estos territorios. De sus hojas se obtiene la materia prima a partir de la cual se produce la cocaína, un alcaloide que se convirtió en uno de los productos más rentables de las cadenas globales de mercancías a finales del siglo XIX, algunos años después de que el químico alemán Albert Niemann lograra aislar por primera vez su principio activo. Transcurrió casi un siglo, durante el cual surgieron tres cadenas comerciales que buscaron desplazar la preponderancia de la coca andina peruana —una red hemisférica gestionada por Estados Unidos, una red colonial neerlandesa-europea y una red imperial panasiática japonesa—, hasta que Colombia se convirtiera, en el último tercio del siglo XX, en el país con mayor producción de cocaína a nivel mundial.

La llegada de contingentes de colonos procedentes de las tierras altas y los valles interandinos al piedemonte amazónico estuvo precedida, varias décadas atrás, por la introducción de ganado bovino y pastos africanos que, mediante la tala, la quema y la roza, fueron desplazando las selvas primarias y secundarias y transformando radicalmente el paisaje. El ensamblaje constituido por vacas y toros orejinegros, cebúes y romosinuanos, así como por pastos guinea, pará y Brachiaria, junto con algunas familias terratenientes y de jornaleros que trabajaban para ellas, sentó las bases sobre las cuales se afianzaron los límites de una soberanía nacional disputada con el Perú en la década de 1930. Esta perturbación sólo fue posible gracias a la ampliación de rutas que anteriormente habían servido como infraestructura para las explotaciones caucheras de la región. 

Así, el surgimiento de una nueva y lucrativa actividad económica, acompañado de una verdadera revolución demográfica, se asienta sobre modos de relación entre superficies heterogéneas ya existentes, aunque no hayan sido pensadas conjuntamente. La expansión de los cultivos de coca durante los años setenta no solo responde a la intensificación del consumo de cocaína en los Estados Unidos, sino que también se sirve de un conjunto de instalaciones, redes de carreteras, puestos de monta y granjas agropecuarias, almacenes, bares y burdeles, además de la maquinaria pesada destinada a la explotación petrolera, que formaron parte de los grandes proyectos de modernización impulsados por el Estado colombiano y financiados por capitales internacionales. Este nuevo régimen de producción agrícola reordena las relaciones entre el poder, el territorio y la vida sin resolver las tensiones que lo preceden.

La coca sigue las rutas trazadas por las recuas de ganado, el cacao, los peces, el arroz y la miel en territorio amazónico, y expone de manera reveladora el fracaso del ímpetu modernizador, incapaz de cumplir con las promesas de distribución equitativa de la tierra, competitividad económica de la agricultura comercial y seguridad alimentaria. Los altos costos de transporte, aunados a la baja productividad de los suelos en las tierras bajas, no permitieron hacer frente a los rendimientos de las producciones agrícolas andinas. La asignación de créditos, concebida en el marco de los planes de desarrollo, así como la titulación de las tierras, encontraron serios obstáculos en las instituciones encargadas de su gestión. El recrudecimiento del conflicto armado y el aumento de los índices de violencia, derivados de la multiplicidad de actores interesados en monopolizar los beneficios del comercio ilícito, se sumaron a las feroces campañas de erradicación de cultivos. Lejos de contener la expansión de la frontera agrícola, estas políticas contribuyeron a desplazar a una población campesina que, forzada a huir en busca de resguardo, encontró refugio en las reservas forestales y las selvas colindantes. La presión sobre la frontera forestal se intensificó así como consecuencia paradójica de unas políticas destinadas, precisamente, a contenerla.

Podría afirmarse, a partir de estudios recientes de la bióloga Liliana Dávalos, que han analizado minuciosamente mapas detallados de proyectos de desarrollo amazónicos y datos recopilados tanto por diversos grupos de trabajo como por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), que el cultivo de coca es «más un “síntoma” que la causa última de la deforestación», mientras que las características estructurales —como la desigualdad socioeconómica, las políticas fallidas de desarrollo agrícola y el conflicto armado— constituyen los factores impulsores de la deforestación a gran escala. Las consecuencias “no deseadas” de proyectos políticos de desarrollo económico que aceleraron los cambios en el uso del suelo de vastos bosques tropicales para la producción agrícola comercial, constituyen una de las principales amenazas actuales a la biodiversidad del planeta al interrumpir funciones ecosistémicas fundamentales en la regulación de los flujos de agua y sedimentos y el ciclo de nutrientes del suelo. En la actualidad, la deforestación y los incendios en las regiones tropicales contribuyen de manera sustancial y creciente a las emisiones globales de carbono. Una Amazonía considerablemente desprovista de vegetación y más seca podría incluso dejar de ser un sumidero de carbono —capaz de absorber emisiones— para convertirse en una fuente neta que acelere el cambio climático.

La expansión de los cultivos de coca durante los años setenta no solo responde a la intensificación del consumo de cocaína en los Estados Unidos, sino que también se sirve de un conjunto de instalaciones, redes de carreteras, puestos de monta y granjas agropecuarias, almacenes, bares y burdeles, además de la maquinaria pesada destinada a la explotación petrolera.

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4.

Bajo el innegable influjo del trabajo realizado por la antropóloga Anna Tsing sobre el paisaje como punto de encuentro y archivo de actividades humanas y no humanas del pasado, es posible pensar el resultado de las dinámicas de usos directos e indirectos de los suelos tropicales como una ecohistoria de los suelos desnudos. En este sentido, se trata de inscribir la acción y los efectos de los flujos vitales, las condiciones atmosféricas, las infraestructuras humanas y las especies animales y vegetales en la configuración de las formas que hacen legible el mundo en términos de explotación y recurso. Lejos de intentar restaurar una totalidad prístina, este ejercicio busca contribuir a la comprensión de la reconfiguración de un paisaje radicalmente alterado a través de la interacción, pero, sobre todo, de la fricción entre infraestructuras, tecnologías, espacios, trabajadores y violencia que hacen posible la circulación de mercancías.

El aumento del número de hectáreas dedicadas al cultivo de hoja de coca en territorio colombiano ha estado íntimamente asociado, en las últimas décadas, al empobrecimiento de los nutrientes de suelos ya castigados por el uso intensivo de insumos agroquímicos, la extensión de pastizales de origen africano y el sobrepastoreo de distintas razas de ganado bovino. Sin embargo, las aspersiones aéreas con glifosato, ejecutadas por el gobierno colombiano como parte de su compromiso con la erradicación de cultivos ilícitos, asumido en el marco de la puesta en funcionamiento del Plan Colombia (2000-2016), profundizaron este proceso y tuvieron efectos devastadores, que aún no han sido plenamente dimensionados, sobre la salud de las poblaciones locales y las condiciones ecológicas de la región. Estudios como el realizado por la socióloga Estefanía Ciro Rodríguez con familias dedicadas al cultivo de hoja de coca en el departamento de Caquetá son concluyentes al demostrar la creciente dependencia química de las plantas, asociada tanto a la alta susceptibilidad a las plagas como a la necesidad cada vez más imperiosa de alcanzar niveles de competitividad en el mercado agrícola.

Los niveles de extenuación a los que han sido llevadas las tierras dedicadas a la siembra de productos “legales” o ilícitos dificultan la posibilidad de rotación de cultivos. Una vez que son cosechadas las hojas para la posterior extracción de la pasta base mediante un proceso que envuelve la utilización de precursores químicos como la soda cáustica, la cal o el cemento y la gasolina, las parcelas quedan dominadas por los “rabos de zorro” y las “vende-agujas”, malezas que surgen después de procesos severos de deterioro del suelo. Asimismo, la combinación de yuca, plátano y coca, habitual en algunos predios campesinos, se vio interrumpida ante la inminencia de las aspersiones aéreas. Todos estos factores han vuelto profundamente vulnerables a las poblaciones que dependen de la llegada de camiones cargados de frutas y verduras, cuyos precios resultan muy elevados para el consumo local.

A la ya generalizada fragmentación forestal de la frontera agrícola, que se extiende desde los bosques primarios hasta los campos rurales, se suma la crianza de ganado, pieza clave para comprender la intrincada articulación entre las actividades ilícitas y el comercio de productos legales. Los beneficios obtenidos de la venta de cocaína, tanto de quienes ocupan los eslabones más frágiles de la cadena de comercialización —los cultivadores de coca y productores de pasta base— como de los intermediarios y traficantes, son reconvertidos en la compra de cabezas de ganado como una forma de legitimar los ingresos provenientes de ese comercio. No debe olvidarse, sin embargo, que las asimetrías de la cadena de producción y comercialización se replican en los procesos de acceso a la tierra. Mientras los traficantes pueden acceder a grandes extensiones y convertirse en latifundistas como forma de legitimar sus ganancias, los pequeños cultivadores continúan luchando por obtener la propiedad legal de sus fundos. 

Las desigualdades económicas que subyacen a las restricciones de acceso a la tierra, así como la inseguridad generada por las dinámicas específicas de la economía cíclica de los productos agrícolas comerciales, hicieron de Colombia un terreno favorable para el cultivo de coca destinado al mercado transnacional de la cocaína. En buena medida, los auges económicos del café generaron las condiciones para el surgimiento de prácticas empresariales orientadas a la búsqueda de un rápido enriquecimiento y a la obtención de beneficios a corto plazo, que contribuyeron a consolidar tanto la inversión especulativa y la rápida rotación de capitales como la aceptación social de actividades ilícitas. La concentración de la propiedad de la tierra, financiada por el narcotráfico en Colombia, se desarrolló a lo largo de décadas, en el contexto de un intenso conflicto armado que sentó las bases para que el Estado y los intereses empresariales consolidaran y extendieran las relaciones de propiedad privada sobre territorios comunales y áreas protegidas.

La transformación radical y acelerada de los paisajes de lo que distintas investigaciones han denominado “Amazonía andina” estaría entonces determinada más que por la extensión de los cultivos de coca, por un circuito agroindustrial surgido de la reinversión de capitales ilícitos que encuentra en la renta de la tierra, la extensión de pastizales para alimentación de ganado y la expansión de monocultivos de exportación como la palma africana, el camino idóneo para legitimar su riqueza, afianzar su poder y consolidar sus vínculos con elencos políticos y empresariales. Se trata, sin duda, de una reorganización territorial que produce nuevas formas de vida y nuevas formas de dependencia en una intrincada relación entre economías legales e ilegales, poblaciones humanas, ecosistemas selváticos, animales foráneos y especies vegetales africanas. Una secuencia que puede ser sintetizada en la lista coca, carne, leche, pasto y palma africana. Y una pregunta que se desplaza desde los objetivos de la guerra contra las drogas, iniciada en el seno de la Guerra Fría, hasta las hipótesis que traccionan los trabajos de quienes buscan comprender las dinámicas de las grandes cadenas de mercancías y la intimidad de los vínculos entre productores y consumidores: ¿dónde queda el excedente?.

La presión sobre la frontera forestal se intensificó así como consecuencia paradójica de unas políticas destinadas, precisamente, a contenerla.