Estados Unidos en clave latinoamericana

En Estados Unidos se discute algo políticamente inédito: invocar la incapacidad presidencial contra Donald Trump. La propuesta tiene una probabilidad política cercana a cero, pero revela una inquietud más profunda: que el país ya piensa en mecanismos extraordinarios para contener una presidencia que empuja los límites de la Constitución.

Más de veinte legisladores opositores pidieron en abril invocar la Enmienda 25 después de que Trump amenazara en Truth Social con arrasar toda una civilización, Irán. La idea volvió a circular también entre algunos aliados MAGA despechados, como Candace Owens y Alex Jones, que vieron en la guerra una traición a “America First”. Incluso el lenguaje de la remoción presidencial empezó a filtrarse en la conversación pública.

La Enmienda 25 se promulgó tras el asesinato de JFK y regula la sucesión ante la muerte presidencial, la incapacidad temporaria y la designación de un nuevo vicepresidente. La cláusula relevante aquí fue pensada para un presidente que no puede cumplir sus funciones y no reconoce la situación. Para activarla, el vicepresidente y una mayoría del gabinete deben declarar por escrito a los líderes del Congreso que el presidente es incapaz; si el presidente objeta, puede volver al cargo salvo que el vicepresidente y el gabinete reafirmen la decisión y ambas cámaras voten por apartarlo con una mayoría calificada.

La Enmienda 25 no fue diseñada como atajo opositor, una “destitución por locura”, sino como un mecanismo de sucesión excepcional pensado para una crisis interna del Ejecutivo. Sin un vicepresidente y un gabinete dispuestos a romper con el presidente, no hay 25 posible; sin mayoría calificada en las dos cámaras del congreso, tampoco. En las condiciones actuales, JD Vance y los secretarios de Trump son aliados de hierro, así que la hipótesis es políticamente fantasiosa. 

Pero esa inviabilidad no clausura el problema. Trump ya fue sometido a juicio político dos veces —en 2019, por el caso Ucrania, y en 2021, tras el 6 de enero— y en ambas ocasiones el Senado se negó a condenarlo. Las herramientas institucionales existen, pero no hay consensos políticos para activarlas. La Enmienda 25 no fue abierta formalmente, ni parece tener destino real; aun así, desde la amenaza contra Irán quedó flotando en el aire como una posibilidad extrema, improbable pero disponible.

Sin embargo, las fantasías también crean un mapa del momento. El solo hecho de que exista la discusión dice bastante sobre el clima de época. El debate sobre la 25 debería interpretarse como punto de partida. La política de Estados Unidos empezó a habitar categorías que durante décadas reservó para otros países. La comparación latinoamericana —una región que está lejos de ser homogénea— no pretende predecir el futuro de Estados Unidos. Más bien sugiere que algunos conflictos que durante décadas parecieron excepcionales o periféricos hoy ofrecen herramientas útiles para entender la política estadounidense.

Llamémoslo el fin de la excepcionalidad estadounidense, Estados Unidos a través del espejo de su patio trasero.

El fantasma que sobrevuela el momento político es una crisis constitucional, término que se refiere a un choque de poderes sin resolución constitucional clara, o cuando los poderes chocan en la interpretación de normas legales. En términos estrictamente legales, no ha ocurrido, pero se habla desde el Senado, los foros de Harvard, las páginas del New Yorker, y en las calles: una nueva encuesta señala que el 70 por ciento de los votantes estadounidenses considera que el país se encuentra en una crisis constitucional – es un promedio, entre estos, el 95 por ciento de los demócratas cree eso. Crisis o no, describen un contexto definido por un Ejecutivo que juega al límite de la legalidad, un Congreso que no quiere (o no puede) frenarlo y un Poder Judicial que administra la tensión.

El ecosistema que rodea a Trump en su segundo mandato es distinto al del primero. Si en 2017 todavía había funcionarios dispuestos a jugar el papel de “adultos en la sala”, hoy esa función prácticamente desapareció. Vance es el caso más claro: pasó de crítico declarado de Trump a convertirse en uno de sus defensores más disciplinados. Cuando defendió medidas bloqueadas por los tribunales, llegó a afirmar que “los jueces no están autorizados a controlar el poder legítimo del Ejecutivo”. Por eso la hipótesis de la Enmienda 25 resulta tan irreal: el mecanismo presupone una élite gobernante dispuesta a contener al presidente cuando cruza ciertos límites institucionales, precisamente el tipo de élite que Trump se ocupó de desplazar.

El que espera un golpe clásico, o hasta insurrección estilo 6 de enero, está equivocado. Esto es el siglo XXI: las democracias se mueren por erosión mientras el presidente sigue gobernando y vacía el límite que debería contenerlo. Quizás por eso es particularmente interesante el análisis del retroceso democrático estadounidense que ofrecen Steven Levitsky, Lucan Way y Daniel Ziblatt —académicos que describieron cómo en el siglo XXI las democracias no mueren por golpe militar sino por declive hacia el autoritarismo competitivo. Se desarman a cuentagotas por dentro, cuando líderes electos van desarmando árbitros institucionales, reglas y contrapesos hasta dejarlos vacíos. Es iluminador que Levitsky, que conoce América Latina desde adentro, traiga esta perspectiva. En diciembre los tres coautores escribieron en Foreign Affairs señalando que “… los estadounidenses enfrentan a un gobierno autoritario. En 2025, Estados Unidos dejó de ser una democracia plena en el sentido en que lo son Canadá, Alemania o incluso Argentina”.

Trump II abre un proceso que resulta particularmente legible desde América Latina. El primer síntoma fue el desacato legal, con una avalancha de órdenes ejecutivas con la que inauguró su segundo mandato. En 2025, el gobierno desoyó órdenes judiciales vinculadas con deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, incluso cuando los tribunales intentaron frenar traslados a El Salvador. También hubo acusaciones de desacato contra funcionarios migratorios en Minnesota por no acatar órdenes de habeas corpus. En ambos casos, el tira y afloje entre el Poder Ejecutivo y el Judicial evitó todavía una crisis constitucional definida: no se llegó al punto de un desacato abierto de Trump, y la acumulación de habeas corpus terminó obligando a desarmar parte de la operación.

La Enmienda 25 difícilmente prospere. Pero una vez que la incapacidad presidencial entra en el lenguaje político, deja de ser solo una cuestión jurídica — y la herramienta empieza a vivir por su propia lógica, independientemente de quién la agite y contra quién— . Perú ofrece una demostración especialmente clara de cómo una cláusula constitucional puede convertirse en arma de desgaste democrático. La “incapacidad moral permanente” se usó para destituir presidentes en serie: primero Alberto Fujimori, en el 2000, cuando intentó renunciar por fax; después, una seguidilla más reciente con Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Pedro Castillo, bajo causales reinterpretadas políticamente por la Asamblea. Todos los casos muestran que la incapacidad está en los ojos politizados de los legisladores. La comparación tiene límites evidentes: la Enmienda 25 fue diseñada precisamente para impedir ese uso político, mientras que la incapacidad moral permanente peruana terminó funcionando como una herramienta de lucha parlamentaria. Pero ambos casos muestran algo parecido: una vez que la incapacidad entra al lenguaje de la competencia política, deja de ser solamente una cuestión jurídica. La cuestión no es el diagnóstico clínico de Trump, sino quién lo traduce en poder político. Cualquier intento de destituirlo por “locura” sería leído políticamente por sus seguidores.

Esto es el siglo XXI: las democracias se mueren por erosión mientras el presidente sigue gobernando y vacía el límite que debería contenerlo. Se desarman a cuentagotas por dentro, cuando líderes electos van desarmando árbitros institucionales, reglas y contrapesos hasta dejarlos vacío.

Hay otros escenarios de quiebre más plausibles. Uno es la desobediencia judicial sostenida. El gobierno de Trump demandó a todo el tribunal federal de Maryland tras un fallo migratorio adverso y presentó quejas de mala conducta contra jueces que bloquearon deportaciones — sin precedente conocido en la historia judicial del país. Otro es la expansión del uso penal del Estado contra adversarios, una forma de persecución política que se vuelve un instrumento de disciplinamiento. Reuters registró 470 casos a fines del año pasado, entre ellos causas contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, o el exdirector del FBI James Comey. Agentes del FBI registraron la casa del ex asesor de seguridad nacional Trump, John Bolton, después de sus críticas públicas a la política del presidente. El término lawfare, que hizo carrera en América Latina como forma de describir procesos judiciales atravesados por disputas políticas, regresa ahora al debate estadounidense convertido en un lenguaje compartido de acusación y victimización. Y la ironía se completa cuando ex aliados de Trump, ahora perseguidos, amenazan con aplicar a un polémico fondo ejecutivo pensado para financiar la defensa de las supuestas víctimas del lawfare.

El clima de amedrantamiento se extiende a donantes de la oposición y a los medios: algunos grandes medios han sacado de su programación a voces críticas, como Stephen Colbert. Levitsky y sus coautores escriben que fundaciones importantes están revisando sus aportes para evitar la confrontación con el gobierno estadounidense. También en las universidades la presión tuvo efecto silenciador.

Las advertencias latinoamericanas tampoco apuntan todas en la misma dirección. Si Perú muestra cómo la crisis puede institucionalizarse y El Salvador cómo puede normalizarse la excepción, Guatemala ofrece una tercera advertencia: la captura gradual de los organismos encargados de controlar al poder: el pacto de corruptos, la cooptación del sistema judicial y la persecución contra quienes incomodan al bloque de poder. La arremetida contra figuras como Bernardo Arévalo y el Movimiento Semilla mostró hasta qué punto una democracia puede ser vaciada desde adentro. 

Ni Perú, ni Guatemala, ni las disputas actuales en Estados Unidos dependen de un momento único de ruptura. La región tampoco ofrece una única lección. Perú muestra la inestabilidad institucional, Guatemala la captura de los controles democráticos y El Salvador la concentración de poder alrededor de un liderazgo popular. Son trayectorias distintas, pero todas comparten una característica: el deterioro democrático se produce dentro de las instituciones antes que contra ellas.

El mecanismo más importante corre más desapercibido: la creación de zonas donde el sistema ya no aplica del todo. Los retrocesos democráticos suelen empezar cuando aparecen espacios donde el Estado crea excepciones que quedan parcialmente fuera de la ley. Desde el comienzo del segundo mandato, el gobierno construyó una geografía paralela de detenciones arbitrarias, deportaciones a terceros países y acuerdos con Estados que funcionan como depósitos humanos. Los migrantes pasan a existir en una especie de limbo jurídico, sin condena, sin debido proceso y, en muchos casos, sin la posibilidad real de volver a entrar en el campo visible de la ley.

Esa lógica tiene una virtud siniestra: cada excepción prepara la siguiente. Si primero se normaliza la deportación arbitraria, después se vuelve más fácil tolerar la detención indefinida; si eso se acepta, el umbral para el uso de la fuerza interna baja; si baja, la frontera entre orden y abuso se vuelve cada vez más difícil de distinguir. No hace falta un gran quiebre para llegar a una democracia degradada.

El Salvador ofrece la versión más extrema de esa deriva. El presidente salvadoreño opera con popularidad superior al 80 por ciento y con una mano dura que bajó la violencia de forma tan estrepitosa que lo admiran votantes en toda la región. Bajo el estado de excepción —que lleva más de tres años renovándose mensualmente en la Asamblea— suspendió garantías constitucionales para cualquiera acusado de ser criminal, es decir, potencialmente cualquiera. Lejos del auto-golpe, vació las instituciones desde adentro paso a paso: desde el día en que amenazó con fusiles a los legisladores en febrero de 2020, a meses de asumir la presidencia, hasta el nombramiento de aliados en la justicia, que habilitaron una interpretación constitucional que le permitió la reelección prohibida. No hubo un quiebre democrático formal.

Trump no tiene ese colchón. Su aprobación viene cayendo desde el inicio del segundo mandato y ya perforó el 40 por ciento. Mientras que Bukele avanza sobre las instituciones con una legitimidad popular que dificulta frenos opositores, Trump opera sin ese respaldo. Empiezan a aparecer, sin embargo, primeras fisuras: con la mira en las elecciones de medio término de noviembre, varios senadores republicanos vulnerables votaron este mes contra la guerra en Irán y contra un polémico fondo para indemnizar a los acusados del 6 de enero, en una de las rupturas más visibles entre Trump y su bancada desde que asumió. Es todavía una grieta menor —y Trump respondió con desdén— pero señala que el costo de oponerse podría bajar.

En Estados Unidos, la Corte Suprema fue moldeada políticamente por vías institucionales —no por decreto como en El Salvador— pero el efecto acumulativo apunta en una dirección comparable: una creciente dificultad para que otros poderes limiten al Ejecutivo. En 2025 falló a favor de la administración en 20 de los 24 casos de emergencia vinculados a políticas de Trump que llegaron a sus manos. Es una Corte cada vez menos dispuesta a actuar como freno efectivo del poder presidencial.

La excepción más sonada llegó en febrero, cuando la misma Corte —con mayoría conservadora moldeada por Trump— declaró ilegales por 6 a 3 los aranceles globales que el presidente había impuesto invocando poderes de emergencia. Trump respondió calificando a los jueces como “antipatriotas” y “desleales a la Constitución”, y anunció que buscaría caminos alternativos para mantener los aranceles por otras leyes—lo cual, meses después, terminó en un nuevo revés de un tribunal de comercio. Es decir: incluso cuando la Corte le pone un límite, la respuesta trumpista no es acatar sino buscar el siguiente resquicio legal.

La experiencia salvadoreña también recuerda otro aprendizaje recurrente en América Latina: cuando el lenguaje de la guerra se traslada a la política doméstica, la frontera entre defensa y seguridad interna empieza a difuminarse. El enemigo externo se convierte en enemigo interno y las herramientas excepcionales adquieren una permanencia inesperada.

También se ve algo de ese reflejo en Estados Unidos, con despliegues federales, amenazas de invocar la Insurrection Act y una lógica de ocupación interna que vuelve por otras vías. En febrero, agentes federales de inmigración realizaron una operación masiva en Minnesota que derivó en enfrentamientos, muertes y una disputa abierta entre Washington y las autoridades estaduales. La muerte de Renée Good a manos de un agente de inmigración, y semanas después la de Alex Pretti durante un operativo de la Patrulla de Frontera, ambas en Minneapolis, profundizaron el rechazo público y la tensión entre el gobierno federal y las autoridades locales. Trump amenazó con invocar la Insurrection Act, reservada históricamente para rebeliones armadas, mientras el gobernador Tim Walz denunció una invasión inconstitucional de las competencias del estado. Trump finalmente retrocedió, pero no antes de que el Departamento de Justicia abriera investigaciones contra autoridades locales.

Trump no es Bukele, pero hay afinidades políticas que ambos celebran. El presidente estadounidense no gobierna con la misma adhesión popular ni con la misma facilidad para desarmar instituciones, pero comparte la estrategia central: empujar los límites, seleccionar siempre al grupo menos defendible y volver costosa cualquier reacción. Primero migrantes indocumentados, después estudiantes con visa que protestaban contra la guerra en Gaza, luego solicitantes de asilo, más tarde venezolanos deportados a cárceles salvadoreñas. La excepción empuja el límite constitucional, y muchas veces con apoyo popular de ciertos sectores.

En paralelo, la administración también ensaya mecanismos más clásicos de presión electoral. La redefinición urgente de distritos, la manipulación del mapa electoral y la cancelación o alteración de primarias en estados republicanos muestran que la erosión institucional no se juega solo en tribunales o en el sistema penal, sino también en la arquitectura de la representación. Trump presionó a Texas para que redistribuyera el mapa el año pasado, a medida de las elecciones de 2026. El gerrymandering, después de todo, es una forma elegante de decir que las reglas pueden doblarse hasta que el resultado parezca democracia.

A la par con la Enmienda 25, en el mismo registro de lo impensable, está la amenaza recurrente de Trump de esquivar la prohibición constitucional de un tercer mandato. En sus discursos menciona otro mandato, o que piensa quedarse por ocho o nueve años más. En otros momentos admite que es ilegal, porque lo es. Sin embargo, un reciente libro de Alan Dershowitz, eminencia legal de la derecha estadounidense, marca un posible camino: la prohibición es que sea electo por tercer mandato. Dershowitz, campeón histórico de la justa defensa de los culpables —y defensor, entre otros, de O.J. Simpson y Trump—, argumenta que nada detiene a un expresidente de candidatearse como vicepresidente de un delfín leal, y que este, después de asumir, renuncie a su puesto. La solución Cámpora, aunque la proscripción del peronismo comparte poco y nada con los límites de término constitucionales.

La pregunta por un tercer mandato entra en el mismo registro de empujar los límites. No hace falta pensar en un golpe ni en una reforma constitucional formal: basta con instalar la posibilidad, probar los límites, ver quién retrocede primero. En el universo Trump, el poder suele avanzar así, por saturación de lo impensable. No todo lo que se dice se hace; pero decirlo ya modifica el perímetro de lo posible.

El espejo y su límite

Brasil parecería marcar el límite del espejo latinoamericano. De hecho, para muchos analistas en este momento, representa una inversión incómoda de las jerarquías democráticas tradicionales del continente. Durante décadas, Estados Unidos fue presentado como el modelo institucional frente a democracias latinoamericanas imperfectas. Hoy, al menos en este terreno específico, el contraste es menos evidente.

El Supremo Tribunal Federal avanzó con condenas durísimas contra Jair Bolsonaro y su núcleo por el intento de golpe tras la derrota de 2022, una decisión inédita. La señal es importante: una democracia puede responder, incluso con firmeza, cuando la amenaza se vuelve demasiado visible. En Estados Unidos, en cambio, la respuesta institucional frente a sus propios levantamientos ha sido mucho más errática. Los críticos de Trump subrayan esa diferencia cada vez que comparan la suerte de Bolsonaro con la de los organizadores del 6 de enero.

Pero el caso brasileño también es precaución — y de una manera más profunda de lo que parece. La condena no cerró la disputa; la reconfiguró. La derecha radical sigue viva, el indulto forma parte del debate y la batalla por el sentido del castigo sigue abierta. La respuesta institucional demostró que la democracia puede defenderse del golpe — pero no resolvió las tensiones que propiciaron el intento de golpe. Las heridas que alimentan el autoritarismo competitivo no se cierran en un tribunal. La defensa de la democracia no termina en una sentencia.

Durante décadas, Washington observó las deficiencias democráticas latinoamericanas como patologías ajenas. Hoy empieza a descubrirlas como posibilidades propias, aunque probablemente no las reconozca como tal. Ese es, al final, el espejo que América Latina le devuelve a Estados Unidos: no el de una catástrofe inevitable, sino el de una advertencia más incómoda. Las instituciones no se derrumban solo cuando caen. También se desgastan cuando sobreviven a medias, cuando el abuso deja de parecer excepcional y cuando la sociedad se acostumbra a que una parte de la ley ya no rige para todos por igual. La verdadera novedad es que Estados Unidos ya no pueda considerarse exento de los dilemas que observó durante décadas en los demás. Si es que alguna vez lo estuvo.